Full text: Goicoechea Cosculluela, Antonio: ¬El problema de las limitaciones de la soberanía en el derecho público contemporáneo

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na con el principio fundamental de la unidad del Estado. Para 
no incurrir en semejante error, es indispensable abandonar el 
concepto formalista que sirve de punto de partida a la teoria 
mencionada, sustituyendo la división arbitraria y conven¬ 
cional de los poderes por una clasificación ordenada y ra- 
cional de las funciones del Estado (58). 
De un examen atento de la actividad del Estado y de sus 
formas posibles de ejercicio se deduce de un modo logico 
la existencia en la institución politica de funciones diversas 
que la observación y la historia comprueban hallarse à me¬ 
nudo repartidas más o menos imperfectamente entre organos 
distintos: la definición del derecho y su realización práctica. 
Debe el Estado para el cumplimiento de sus fines elaborar 
reglas abstractas; fijar en cada caso concreto el derecho con¬ 
trovertido o dudoso; realizar de hecho, al amparo de la regla 
y desenvolviéndola prácticamente, la tarea de mantener el 
de los Tribunales por el empleo de las instituciones judiciales ordinarias y por la 
aplicación a la Administración de las reglas ordinarias del Derecho privado y del 
Derecho criminal... Llega a ser entonces necesario para que la inspección judicial 
tenga algun valor, imaginar remedios especiales contra la acción administrativa.» 
Le Droit administratif des Etats Unis, pág. 429 
«En nuestro pais —dijo el propio Goodnow ante el Congreso de Bruselas en 
1910—muchos abogados opinan que habria motivos para crear tribunales admi¬ 
nistrativos. Hay una tendencia en ese sentido.» 
(58) Algunos autores modernos conceden a ese punto de vista formal la impor¬ 
tancia de constituir «una de las mayores garantias de la libertad civib. Orlando, que 
hace esa afirmación, reconoce que dla caracteristica del Estado representativo mo¬ 
derno no está en la distinción de poderes considerada en si misma, puesto que 
esta distinción es comun a todas las formas de Estado, ni «en el equilibrio e in¬ 
dependencia de los diversos poderes, puesto que esto es contrario a la nocion del 
Estado considerado como un organismo»; ni «en la afectación de cada organo a una 
función, puesto que esa afectación de hecho no existe...» V. ob. cit., pág. 96. La ga¬ 
rantia la halla Orlando en que el acto legislativo, el judicial y el ejecutivo son dis¬ 
tintos, no sólo por su naturaleza, sino por su forma... Esa garantia existiria, si, en 
efecto, fuera cierto que los actos legislativos pudieran distinguirse por su forma 
de los judiciales y de los ejecutivos. Para eso seria necasario que un acto realiza 
do por el Poder legislativo fuera siempre legislativo; que un acto realizado por el 
Poder judicial fuera siempre judicial; que un acto realizado por el Poder ejecutivo 
fuera siempre ejecutivo. He demostrado que eso no es exacto. La garantia no puede 
consistir en la adaptación de cada organo a una función, pues, como dice el mismo 
Orlando, esa adaptación, de hecho no existe. La supuesta garantia puede ser venta¬ 
josamente sustituida por la que resulta de la rigurosa subordinación del organo 
a la ley constitucional en cuanto a sus atribuciones y competencia, sean ésta y 
aquéllas de naturaleza legislativa, ejecutiva o judicial. 
Max-Planck-Institut für 
nia de Ciencias Morales y Politicas 
Real 
europäische Rechtsgeschichte
	        
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