Full text: Goicoechea Cosculluela, Antonio: ¬El problema de las limitaciones de la soberanía en el derecho público contemporáneo

49. 
men de policia, la sujeción cada dia más rigurosa de la acción 
administrativa a formalidades y garantias tomadas del pro¬ 
cedimiento judicial, y la conversión, por tanto, más o menos 
implicita del acto administrativo en acto jurisdiccional (55). 
La existencia de lo contencioso-administrativo consti¬ 
tuye una nueva prueba de la imposibilidad de separar en 
la práctica los Poderes judicial y ejecutivo. «Seria cometer 
un grave error —dice Berthelemy— considerar la jurisdic¬ 
cion administrativa como una jurisdiccion de excepción. La 
justicia administrativa no es una desmembración de la jus¬ 
ticia ordinaria. Es el órgano jurisdiccional por medio del 
cual el Poder ejecutivo impone a la Administración el res¬ 
peto del Derecho (56).» Pero la incorporación de ese órgano 
jurisdiccional al Poder ejecutivo es inconciliable con el sis¬ 
tema de separación de poderes, que es, por cierto, el que 
precisamente se invoca para justificarla (57). 
Lo anteriormente expuesto corrobora de una manera clara 
la incompatibilidad de la teoria constitucional francoamerica¬ 
(55) V. el desenvolvimiento que hace de esta idea Otto Mayer en su ob. cit., 
tomo 1, págs. 65 y siguientes. Joseph Berthelemy, en un notable trabajo publicado 
en la Revue de Droit public, desarrolla la tesis de que el progreso en el orden ejecuti¬ 
vo se realiza por la aparición del órgano jurisdiccional como un intermediario para 
la ejecución misma. (V. en la Revue de Droit Public, L'Obligation de faire en Droit 
Public, 1912, pág. 530, nota. 
(56) Berthelemy, ob. cit., pág. 919. 
(57) Y no cabe atribuir a lo contencioso administrativo el carácter de supervi¬ 
vencia histórica, que tienda a desaparecer, pues las senales son, por el contrario, 
de que está llamado a extenderse v a consolidarse. Asi lo demuestra, entre otros, el 
ejemplo de Italia, donde, suprimido lo contencioso administrativo por la ley de 
20 de marzo de 1865, ha sido establecido, más o menos vergonzantemente, por las 
leyes de 1889, 1890 y 1907 y donde hoy existe una corriente poderosa en favor del 
establecimiento de un Tribunal Supremo Administrativo. (V. en la Rivista de Di¬ 
ritto Publico, 1912, un notable trabajo de Salvatore D'Ametio, Sulla Instiluzione 
in Italia di un Supremo Tribunale Amministrativo, págs. 74 y siguientes. 
En Bélgica, que sirvió a Italia de modelo al suprimir lo contencioso adminis¬ 
trativo, no faltan tampoco voces autorizadas que se lamenten de la inexistencia de 
Tribunales Administrativos y de la indefensión práctica en que por esa causa vive 
el ciudadano. En el Congreso de Bruselas, Orbán y Vandersmissen defendieron la 
creación en Bélgica de un Consejo de Estado con jurisdicción administrativa seme¬ 
jante a la que ejerce alli va el Consejo de Mineria en materia de minas. Y hasta en 
los EE. UU., donde la Court of Cloims y el Board of General Appaisers, ejercen 
una verdadera jurisdicción administrativa, hay autores, como Goodnow, cuyas 
simpatias por el sistema francés son notorias. «En un gran nûmero de casos —dice¬ 
la acción administrativa no tiene un carácter que permita someterla a la vigilancia 
Max-Planck-Institut für 
Real Academia de Ciencias Morales y Politicas 
europäische Rechtsgeschichte
	        
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