Full text: Goicoechea Cosculluela, Antonio: ¬El problema de las limitaciones de la soberanía en el derecho público contemporáneo

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El proverbio inglés The king can do no wrong debe inter- 
pretarse en el sentido de que el Estado en su conjunto nada 
puede ni debe hacer contra el Derecho. 
La sumisión del Estado al Derecho debe ser total y la li¬ 
mitación juridica del Poder legislativo, con aparerer por su na¬ 
turaleza enormemente dificil, puede intentarse y debe llegar 
a conseguirse. El legislador está en todas partes, hasta en los 
paises de constitución rigida, limitado por un derecho supe¬ 
rior a él. «Si el Estado no está —dice Duguil— sometido a un 
derecho, determinando y limitando su acción, todo el edifi¬ 
cio del Derecho pûblico se hunde (13). 
III 
La soberania y los derechos subjetivos del Poder publico. 
Pero si no es admisible que a la soberania pueda atribuir¬ 
sele alcance ilimitado y absoluto; si tampoco es aceptable 
ciado la imposibilidad en que ei Parlamento se halla de alterar lo dispuesto en una 
sentencia judicial. Tal fué también el criterio dominante en Espana, cuando se dis¬ 
cutieron en 190o las sentencias recaidas en los procesos a que dió lugar la pérdida de 
las colonias, y, en 1911, el proceso Ferrer. 
Todavia más clara aparece la incapacidad del Parlamento para modificar lo 
estipulado en contratos privados. La cuestión ha sido muy discutida en Francia, 
singularmente con motivo del proyecto Caillaux de impuesto sobre la renta, por 
entenderse que violaba el art. 98 de la ley de 9 vendimiario del ano VI que concedió 
a los tenedores de la Renta francesa, excepción de toda disminución presente y 
futura y con motivo de la ley de retiros para los obreros cheminots de 21 de julio de 
1909, por creerse que, al arrojar nuevas cargas sobre las Companias infringia sus 
leyes de concesión. 
En Espanna, el Parlamento, exceptuó, por ley de 2 de agosto de 1899, a los 
tenedores extranjeros del impuesto de Utilidades, en atención a que la solución 
contraria hubiera estado en oposición con el Convénio-ley de 29 de mayo de 1832. 
Más aun: sin existir contrato, la tendencia de la ciencia y de la jurisprudencia 
más reciente es a deducir para el Estado responsabilidad pecuniaria por aquellos 
actos legislativos suyos que, v. gr., al establecer un monopolio, lesionan derechos 
particulares existentes al publicarse la ley. La jurisprudencia del Consejo de Estado 
francés se ha pronunciado en ese sentido desde 1907. En Italia, con motivo de la 
publicación de la ley de 4 de abril de 1912 sobre monopolio de los Seguros, ha pre 
valecido una opinión contraria. (V. el articulo de Gastón Jéze sobre el asunto en la 
Revue du Droit public, 1912, pág. 433. 
V. Duguit, Traité de Droit Constitutionnel, 2.à edic.. Paris, 1921. tomo I, 
(13) 
pág. 488. 
Max-Planck-Institut für 
Real Academia de Ciencias Morales y Politicas 
europäische Rechtsgeschichte
	        
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