de Castellanos, (linderos con el de Comas), y después 
las propiedades de Pérez, Pinasco y otros. Nada le 
importa la opinión respetabilisima del doctor Eduardo 
Costa, del General Mitre, del Presidente Pellegrini y 
su Ministro de Hacienda doctor Vicente Fidel López, 
de los doctores Machado y Llerena, etc., declarando 
todos, sin discrepancia, que las riberas pertenecen à 
los Estados provinciales, y no á la Nación; ni si¬ 
quiera se preocupa de que jamás se ha desconocido 
la propiedad privada por ningûn Tribunal, circuns¬ 
tancia que, lejos de probar su tesis, demuestra pré¬ 
cisamente que hasta ahora nadie se ha atrevido à 
provocar cuestiones al respecto. 
Con calificar de «atenienses» las arengas de Mitre, 
à quien, curioso es recordarlo, le endosa opiniones 
localistas; y como si estuviera disertando en una aca¬ 
demia forense, sin darse cuenta de que, en los de¬ 
bates judiciales, hay que prescindir de teorias más ò 
menos defendibles, para resolver los conflictos con 
arreglo á la ley aplicable al caso, — dura lex, sed 
lex, — el representante de la Empresa se burla de los 
hechos consumados, prescinde de la posesión pacifica 
de tantos anos, de los titulos de adquisición, de 
los derechos, implicita y explicitamente reconocidos 
por todos los Gobiernos; se alza contra la sobera¬ 
nia y jurisdicción de las Provincias, olvidándose de 
que, como lo dijo el Presidente Monroe en su céle¬ 
bre mensaje, « el Gobierno de la Nación empieza, 
alli donde acaba el Gobierno de los Estados », 
termina fulminando à todos los propietarios riberenos, 
condenados á ser despojados, sin previa indemniza¬ 
ción! Alli está la Constitución Nacional, sin embargo,