He de reconocer, no obstante, que, lo mismo en la loy ita¬ 
liana que en la que se proyectó para nuestro pais el ano 1905; 
hay una clara y manifiesta extensión de facultades a los 
Ayuntamientos sobre las que ya tienen. Concretándome a- lo 
nuestro, consignaré que se autoriza a los Ayuntamientos de 
capital de provincia y mayores de 20.000 habitantes para, 
hasta con derecho de exclusiva, organizar y explotar todos 
los servicios publicos, y muy especialmente los siguientes: 
1.° Acueductos, fuentes y distribución de aguas. 2.° Alumbra¬ 
do pûblico. 
Tranvias. 4.° Teléfonos. 5.° Limpieza publica 
y servicios anexos a la misma. 6.° Transportes fûnebres, sin 
otra limitación que la de las sociedades de socorros mutuos 
legalmente constituidas. 7.° Hornos de pan, molinos y taho- 
nas reguladoras. 8.° Mataderos. 9.° Mercados publicos. 
10.° Banos y lavaderos. 11.° Asilos nocturnos. 12.° Produc- 
ción y distribución de fuerza motriz. 13.° Carteles pûblicos. 
exceptuando los que se refieran al ejercicio de los derechos 
politioos y resoluciones de la autoridad. 14.° Viveres. 15." Pla¬ 
zas de toros, teatros, circos y frontones; y 16.° Cualquier otro 
servicio pûblico, previa la autorización del Ministerio de la 
Gobernación. 
No es de creer que tal invasión de lo que en gran parte 
constituye la industria privada prospere fåcilmente y sin em- 
penada discusión. Desde luego, lo que no podrán afirmar si 
conocen a fondo la Administración municipal los que en su 
dia defiendan esa extensión de facultades municipales, es 
que mediante ella va a sanearse la Hacienda municipaly 
concluir el déficit de los presupuestos locales, hábilmente dis¬ 
frazado anualmente en cumplimiento de un absurdo precep- 
to legal, con fantásticos ingresos. 
Y si, tratándose de Ayuntamientos, los resultados de su 
gestión directa en la realización de servicios publicos, aun de 
aquellos que, como se ha visto, están dentro de su obligada 
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Real Academia de Ciencias Morales y Politicas 
europäische Rechtsgeschichte